Ante las denuncias, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado citó a Carreras y a otros funcionarios del Ejecutivo sospechosos de estar envueltos en el entramado para aclarar las acusaciones divulgadas esta semana por el medio digital La Posta.
Entre los llamados a la sesión marcada para esta tarde están el periodista Andersson Boscán, responsable de la investigación que hizo pública la denuncia; Iván Correa, secretario nacional de la Administración Pública; y Joaquín Ponce, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
Además, convocaron a Hernán Luque, exjefe del directorio de la EMCO; Antonio Icaza, gerente de la Corporación General del Electricidad (CNEL); Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador; y Rubén Chérrez, presunta mano derecha de Carrera y operador político de esa estructura.
Tras las revelaciones, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el presunto desvío de recursos en las empresas públicas.
Dentro de ese caso también se conoció que Carrera y Chérrez tendrían presuntos vínculos con la mafia albanesa y el narcotráfico.
En medio de todo el escándalo, -que tiene poco espacio en medios de comunicación nacionales a pesar de involucrar a la máxima autoridad del país-, el presidente Lasso anunció anoche una rebaja de varios tipos de impuestos, considerada por una estrategia para desviar la atención.
Su respuesta es electoral para no desgastarse más de cara al referendo y desviar la atención de la corrupción de El Gran Padrino, como denominaron a Carrera, apuntó el analista político Mauro Andino.
El excandiato presidencial Andres Arauz subrayó que Carrera es el testaferro de Lasso e instó al legislativo a activar el artículo 129.2 de la Constitución, el cual viavilizaría un juicio político en contra el mandatario por actos de corrupción.
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