En este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que permitirá a las farmacias minoristas ofrecerlas directamente a las pacientes con receta en los lugares donde el aborto es legal.
Pero, de acuerdo con el diario The Hill, medidas de ese tipo chocan con la oposición de decenas de estados, lo que amenaza con dejar los medicamentos fuera del alcance de muchas pacientes.
El aborto farmacológico está disponible en esta nación norteamericana desde el año 2000, cuando la FDA aprobó el uso de la mifepristona.
Sin embargo, territorios con prohibiciones estrictas del aborto también limitan la disponibilidad de ese compuesto, ya sea mediante restricciones sobre quién puede recetar y dispensar la píldora, o a través de impedimentos absolutos, señaló el periódico.
Según el Instituto Guttmacher, un grupo de defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, 18 estados exigen que el doctor que realiza el aborto con píldoras esté presente cuando se administre la medicación, lo que obstaculiza básicamente el uso de la telemedicina para ello.
De igual forma, Texas prohíbe el procedimiento con esas pastillas a partir de las siete semanas de embarazo, mientras que Indiana lo restringe a las 10.
Los medicamentos abortivos, considerados una forma segura y eficaz de interrumpir un embarazo en mujeres que tienen hasta 10 semanas de gestación, son dos píldoras que se toman en sucesión: mifepristona y misoprostol.
La ley federal no veta el uso de ambos medicamentos, pues la FDA determinó que son seguros.
En opinión de la ginecóloga y obstetra Jamila Perritt, hay décadas de pruebas de que el aborto con fármacos, y la mifepristona en particular, resultan de manera eficaz.
“El desafío es que el acceso a ese procedimiento, no está únicamente ligado a la atención sanitaria o la toma de decisiones médicas en este país”, aseveró a medios locales.
El uso de la mifepristona resulta un método cada vez más común para interrumpir la gestación, especialmente tras la anulación en junio pasado del caso Roe contra Wade por el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora.
Dicha sentencia fue tras el litigio judicial que tuvo lugar en 1973 en el que la Corte estadounidense dictaminó que la Constitución protege la libertad de una embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales.
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