Se esperaba este lunes la presentación del documento sobre las irregularidades, pero el presidente de la Secretaría Anticorrupción, Luis Verdesoto, renunció horas antes de su divulgación.
No obstante, el contenido se hizo público y menciona la existencia de agentes externos, compensaciones mediante sobornos, cohecho, competencia coludida, tráfico de influencias, lavado de activos mediante contratación pública, creación de empresas o testaferros.
Esa revisión de supuestas irregularidades se limitó a las empresas de mayor rentabilidad: la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
El informe señala también que parte de la corrupción en empresas públicas se agudizó con un decreto de Lasso firmado en agosto de 2021, el cual otorgó a Hernán Luque la presidencia de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), la cual dirige 22 entidades.
Luque fue reemplazado por Joaquín Ponce el 18 de diciembre pasado y cuatro días después el mandatario derogó el decreto que concentraba en una persona el poder sobre todas las compañías del Estado.
Toda esta trama sale a la luz a raíz de las denuncias hechas a principios de mes por el medio digital La Posta sobre una supuesta red de corrupción de entidades públicas liderada por el cuñado del gobernante, Danilo Carrera, a quien llamaron El Gran Padrino.
El jefe de Estado negó los hechos y en una entrevista emitida en cadena nacional, apuntó que el hecho de que un exfuncionario haya caído “en la tentación de ganar dinero mal habido” no se puede generalizar.
“A lo sumo lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del Gobierno”, dijo en referencia a Luque, de quien se han difundido audios de supuestas conversaciones con Rubén Cherres, otro presunto implicado en la trama.
El pasado viernes, la Fiscalía realizó allanamientos como parte del caso ahora denominado “Encuentro”, tras la filtración de conversaciones en las cuales presuntos integrantes de ese esquema señalan a Carrera como un supuesto “padrino”.
El caso ha estremecido la política nacional a las puertas de una consulta popular que incluye la posibilidad de prorrogar las actuales autoridades de control, lo cual es para muchos una maniobra destinada a tapar ese tipo de actos ilícitos.
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