El máximo tribunal del país destituyó este lunes a los siete miembros del Cpccs por incumplir de forma «deliberada y sistemática» su deber de nombrar al titular del Consejo de la Judicatura, un órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial que no emite sentencias.
De esa manera, la CC, cuyo fallo es inapelable, puso punto final a una polémica de hace meses con los integrantes del Cpccs quienes incluso fueron destituidos por la Asamblea Nacional (parlamento), aunque permanecieron en los cargos al presentar un controvertido recurso legal.
El Cpccs es un organismo estatal encargado desde 2008 de designar a altas autoridades del Estado, como el contralor, el defensor del pueblo, el fiscal general, superintendentes, entre otras, por lo cual los políticos buscan tener a sus integrantes como aliados.
Hernán Ulloa, quien hasta ahora lideraba el ente, al parecer, ya le estorbaba al gobierno del presidente Guillermo Lasso porque se mantenía en el puesto gracias a la sentencia de un juez salpicado de corrupción, comentó el abogado Fausto Jarrín en entrevista con Radio Pichincha.
En su opinión, el país es testigo de una maniobra del Ejecutivo para tratar de evitar la caída escandalosa de los números en la consulta popular que se realizará el venidero 5 de febrero junto con las elecciones provinciales y municipales.
Una de las preguntas del referendo busca justamente restar competencias al Cpccs que dejaría de designar a las autoridades de control y estas volverían a ser nominadas por la Asamblea Nacional.
En medio del actual escándalo de corrupción que enfrenta el Gobierno, diversas voces se pronuncian contra la consulta, por considerarla una maniobra que permitiría prorrogar a las actuales autoridades y así tapar los actos ilícitos.
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