Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
El tema adquirió connotación por la denuncia pública del diputado Diosdado Cabello, quien presentó en la Asamblea Nacional (parlamento) la propuesta de un proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
A lo anterior se suma las revelaciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien en su libro recién publicado Never Give an Inch (Nunca Ceder una Pulgada), puso al descubierto de manera cínica los planes de su Gobierno contra la nación sudamericana.
Entre los muchos asuntos confesados, el también exdirector de la Agencia Central de Inteligencia mencionó la entrega por la administración de Donald Trump (2017-2021) de más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria a la República Bolivariana con fines desestabilizadores.
“Esperábamos hacerle la vida tan miserable al régimen para que (Nicolás) Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición (…)”, detalló el alto funcionario estadounidense en uno de los fragmentos del libro.
PROPUESTA DE LEY
El pasado 24 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por mayoría en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines que, como era de esperarse, tuvo la objeción de la bancada parlamentaria opositora.
La iniciativa presentada por Cabello, jefe del oficialista Bloque de la Patria, tiene por objetivo supervisar el funcionamiento de esas instituciones que hacen vida en el país, además de revisar y dar seguimiento a las ONG que “reciben financiamiento y no son supervisadas”.
Declaró que esas organizaciones son utilizadas para desestabilizar el país y el imperialismo y sus aliados las financian con vistas a promover golpes de Estado, para lo cual captan jóvenes que luego los usan en donde más les convenga.
El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela consideró indispensable su revisión porque “constituye una deuda con el pueblo venezolano”.
Enfatizó que estas mal llamadas ONG dependen del Gobierno de Estados Unidos, porque resultan apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizar el clientelismo y no son espontáneos ni independientes.
Detrás de una ONG hay caras, nombres, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía, subrayó.
Al comentar sobre estas organizaciones en el país, el político señaló que, a partir de investigaciones preliminares, existen unas 62 activas y apuntó que algunas comenzaron con fines sociales y humanitarios, pero hoy casi todas están vinculadas a la política con el propósito de generar desestabilización.
El fin de estas Organizaciones No Gubernamentales no es humanitario ni social, sino el de imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia, sentenció.
Sobre las denuncias promovidas a través de las redes sociales por sectores de la oposición, Cabello expresó que hicieron un escándalo por la presentación del anteproyecto de ley en el parlamento.
Aseveró que quienes lo manifestaron conocen que estas entidades son utilizadas por Estados Unidos como un mecanismo de financiamiento para la subversión, desestabilización y persecución contra gobiernos que no le son afines.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que la normativa busca frenar las pretensiones de desestabilizar el país por las ONG, que son instrumentos para atacar al pueblo y controlar los recursos naturales sin cumplir su función legal, por lo que estimó la necesidad de regularlas para preservar la paz.
EL ANTEPROYECTO POR DENTRO
Apenas unos días después de su aprobación en primera instancia, el proyecto de ley comenzó a discutirse en las calles con el pueblo, pues como dijo Cabello, “tiene mucho que aportar”.
El presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, informó que tendrán 30 días continuos para activar la consulta pública y de no lograrse una amplia participación, solicitarán a la Junta Directiva del parlamento una prórroga a fin de cumplir con sus propósitos.
Explicó que el anteproyecto contiene 17 artículos y una disposición transitoria, la cual aborda el tema basándose en el artículo 52 de la Constitución, que instituye el derecho de las personas de asociarse con fines lícitos.
Entre los deberes contemplados, el proyecto de ley establece la obligatoriedad de inscripción de las ONG ante los registros y notarías, según el artículo 10, con el fin de crear un archivo nacional que contenga creación, funcionamiento, financiamiento y modificación de estas organizaciones.
De igual manera, especificó, una vez adquirida la personalidad jurídica y queden habilitadas para funcionar en el territorio nacional, están obligadas a declarar sus bienes patrimoniales al momento de constituirse y una vez al año dar cuenta ante las autoridades competentes.
Otros requerimientos del anteproyecto se refieren a la declaración de balances contables, estados financieros, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, y especificar si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes, indicó.
También deben declarar modificaciones de estatutos, nombramientos y ceses de los miembros, administradores, liquidadores, auditores y secretarios, los poderes generales y delegaciones de facultades, la apertura y cierre de sedes y la inactividad mayor de seis meses.
Así como, puntualizó, la modificación, ampliación o reducción del objeto social y de prórroga y extinción de la organización.
LA CAJA DE PANDORA
Como el mítico recipiente de la mitología griega de la caja de Pandora, así ocurrió en Venezuela con la propuesta del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Cabello dijo en su presentación que uno escucha todos los días que el gobierno de Estados Unidos entrega dinero para ayudar a la República Bolivariana y cuando sumamos “ya pasan de tres mil millones de dólares”.
Se preguntó adónde llegó ese dinero, quién y cómo lo administró, a quién está ayudando y quien aprovecha “esa plata”.
El portal digital Misión Verdad informó que la Organización No Gubernamental Súmate, cuya líder es la opositora María Corina Machado, se convirtió en la entidad de ese tipo que mayor financiamiento recibía del extranjero.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) reveló 132 contratos acerca del financiamiento de Súmate, y entre sus provisores se encontraban las estadounidenses Fundación Nacional para la Democracia, Instituto Republicano Internacional e Instituto Nacional Democrático.
Según este grupo de investigadores independientes, la Usaid presentó una evaluación sobre Venezuela, y en líneas generales, reveló los próximos pasos que dará en su intento por producir un cambio de régimen en la nación sudamericana.
Entre las acciones a desarrollar está el reforzamiento de la “manipulación perceptiva” del país, al utilizar temas como los derechos humanos y la migración, de los cuales, expuso, ya hay construida una narrativa con datos falsos o sacados de contexto.
En recientes declaraciones el embajador de Venezuela en Ecuador, Pedro Sassone, denunció que el tema de la migración venezolana fue una maniobra bien pensada por la derecha internacional con el objetivo de generar una matriz de crisis humanitaria en el país.
El diplomático comentó que cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pretendió aplicar los protocolos a la población de migrantes venezolanos, el 99 por ciento de ellos no los cumplía, al tratarse de una migración económica.
Sassone afirmó que el éxodo migratorio fue de carácter económico, provocado por las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la nación.
Las autoridades venezolanas denunciaron que en los últimos siete años Estados Unidos y sus aliados aplicaron a la República Bolivariana 928 sanciones, que causaron pérdidas por el orden de los 232 mil millones de dólares, con afectaciones en toda la vida económica y social.
Por eso, aseveró el embajador, decimos que los migrantes venezolanos son víctimas de la guerra no convencional.
En todo este entramado, vale recordar las palabras del primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, cuando denunció ante la Asamblea General de la ONU en 2021 que en nuestros países se están estableciendo ONG y millones de dólares son utilizados en un intento de desplazar a los gobiernos electos democráticamente.
“Tenemos que exponer y eliminar a estas ONG porque no son amigas de los pueblos”, sentenció.
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