De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en este periodo queda prohibida la propaganda política, la difusión de encuestas, opiniones o imágenes que puedan incidir en la opinión del elector.
Además, existirán sanciones en caso de mítines, concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral, tal como lo estipula el Código de la Democracia ecuatoriano.
La medida aplica tanto para los más de 61 mil candidatos a los diferentes cargos en disputa como para la campaña a favor y en contra de la consulta popular.
Sin embargo, pese a las regulaciones legales y posibles multas, las redes sociales -que fueron el principal escenario de la campaña- están exentas de los controles de la autoridad electoral.
Adicionalmente, desde mañana y hasta el lunes 6 de febrero no está permitida la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas.
El proceso electoral en Ecuador inició este jueves con el sufragio de cinco mil 497 personas privadas de libertad sin sentencia firme, mientras este viernes ejercerán ese derecho 711 personas mayores de 50 años con discapacidades físicas que les impiden ir a los colegios el día de la votación.
Son más de 13 millones los ecuatorianos que están convocados a elegir los 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos y 443 rurales, así como cuatro mil 109 vocales de las juntas parroquiales.
También se decidirán los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y responderán a los cuestionamientos del referendo impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso.
Ese procedimiento consultivo cuenta con el rechazo de diversos sectores, entre ellos indígenas, campesinos, profesores y estudiantes, quienes alegan que las preguntas propuestas por el Ejecutivo no solucionarán los problemas del país.
Las ocho interrogantes que estarán en la boleta el próximo domingo sobre temas como seguridad, institucionalidad, representación política, y medio ambiente dividen a los ecuatorianos. A pesar de que diversas organizaciones llaman a votar No, Lasso tiene altas probabilidades de ganar la consulta, indican encuestas.
No obstante, el analista político y abogado Mauro Andino considera que aún cuando gane la opción gubernamental, eso a la larga le pasará factura a la administración, porque la ciudadanía le cobrará las soluciones prometidas, pero que la consulta no contempla.
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