El vicepresidente Félix Ulloa para justificar la extensión de la medida indicó que la misma servirá a procesos judiciales, no a operativos militares, y que continuará vigente mientras jueces y fiscales lo entiendan.
El estado de excepción suspende tres derechos constitucionales y es criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos porque presuntamente encubre estas acciones con un manto de legitimidad.
Vigente hace 321 días desde su aprobación por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, la medida arropa el Plan de Control Territorial ideado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las maras o pandillas.
“No vamos a volver a un estado de normalidad, porque estamos en normalidad. El control territorial y las escuchas se van a eliminar cuando los jueces y fiscales estimen que no hay necesidad de ello”, estimó el número dos del gobierno salvadoreño en declaraciones citadas por el diario La Segunda de Chile.
Ulloa indicó que la medida se mantendrá también porque aún les falta capturar a cabecillas de las maras. “Falta golpear a las estructuras superiores”, dijo y reconoció que hasta ahora gran parte de los detenidos son de rangos menores.
En referencia al tema de la rehabilitación de los pandilleros, la mayoría jóvenes, el vicemanario no descartó esa posibilidad y la dejó en manos de la justicia.
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