Por Adriana Robreño
Corresponsal jefa en Ecuador
El caso El Gran Padrino o Encuentro -como fue formalmente denominado por la Fiscalía General del Estado (FGE)- se refiere a una presunta trama de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, que involucraría a Danilo Carrera, cuñado del mandatario.
Según las revelaciones del medio digital La Posta, el pariente de Lasso a pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno, maneja entidades públicas y decide qué firmas privadas trabajan con el Estado a cambio de propinas.
Ese escándalo escaló a un nuevo nivel el 13 de febrero, cuando el medio de comunicación sacó a la luz un informe de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional que revela supuestos nexos del gobierno ecuatoriano con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
El documento, cuya veracidad confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata, es resultado de una pesquisa archivada a inicios de 2022 y que podría ser reabierta, indicó la Fiscalía.
Ahí se expone que las relaciones del Gobierno con el crimen organizado de origen albanés sería a través de Rubén Cherres, presunto operador principal de Carrera, cuñado del jefe del Ejecutivo.
Asimismo, el informe sugiere que Cherres y sus «socios» habrían financiado con al menos «un millón y medio» de dólares la campaña de Lasso a la presidencia en 2021.
Ese escándalo, sumado a otros problemas como la inseguridad y el abandono estatal, son factores que -según analistas- reducen la legitimidad del mandatario.
Aunque él asegura que su gobierno es “honesto”, no acudió a la Asamblea Nacional (parlamento) cuando fue citado para aclarar el asunto en la comisión multipartidista creada para profundizar en las denuncias.
Ante ese panorama, crecen los llamados a su salida del poder y son diversas las alternativas mencionadas, pero las más sonadas son la renuncia o el juicio político.
RENUNCIA
Organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes se pronunciaron a favor de que Lasso dé “un paso al costado” ante las graves acusaciones que pesan en su contra.
«Con lo revelado en el caso El Gran Padrino, que demuestra la infiltración de la mafia en las altas esferas, configuraría un narcogobierno, el país no merece esto, dé un paso al costado», escribió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, en su cuenta en Twitter.
La Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) exigió también la renuncia del presidente frente a los escándalos de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Con el mismo argumento la Unión Nacional de Educadores (UNE) solicitó al gobernante abandonar el cargo como única solución a la crisis política, económica y social del país.
El artículo 145.2 de la Constitución prevé la renuncia voluntaria del jefe del Ejecutivo y el 146 explica que en ese caso lo reemplazaría el vicepresidente por el tiempo que reste el mandato.
En caso de la renuncia de ambos, la legislación establece que el jefe de la Asamblea Nacional asumiría temporalmente la presidencia, en 48 horas el Consejo Nacional Electoral convocaría a elección para dichos cargos y quienes resulten electos ejercerían sus funciones hasta completar el período.
JUICIO POLÍTICO
El 22 de febrero la comisión parlamentaria que investiga el Caso Encuentro deberá presentar su informe con recomendaciones y probablemente el juicio político al presidente sea una de ellas, como lo indicó la asambleísta Mireya Pazmiño, de Pachakutik.
Hay indicios de que el presidente recibió millón y medio del narcotráfico y para pagar esos favores puso varias autoridades en lugares estratégicos, por tanto, no solo hay corrupción en empresas públicas, y esto es muy delicado, subrayó Pazmiño.
El juicio político está contemplado en el artículo 129 de la Constitución, y para llevarlo adelante se requiere que la solicitud sea presentada por una tercera parte (46) de los integrantes del parlamento y también debe recibir el dictamen previo de la Corte Constitucional.
Para la aplicación de este mecanismo debe existir al menos uno de tres motivos: delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito o delitos de lesa humanidad como el genocidio.
El abogado Mauro Andino, profesor de Derecho de la Universidad Politécnica Salesiana, explicó que en el caso actual podría aplicarse la primera causal, relativa a atentar contra la seguridad del Estado, y de ser aprobado el proceso asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrego.
MUERTE CRUZADA
Acudir a la llamada muerte cruzada es otra de las variantes constitucionales que aceleraría la salida de Lasso de la presidencia y resulta valorada en los círculos políticos.
Ese mecanismo constitucional puede ser convocado tanto desde el legislativo como por el propio mandatario y anularía las funciones de ambas instituciones del Estado, de acuerdo con el artículo 130 de la Carta Magna.
Esta opción para sacar del poder al actual gobernante es cuestionada debido a que ya fue utilizada en junio de 2022, en el marco del histórico paro protagonizado por el movimiento indígena contra las políticas neoliberales del gobierno.
La normativa legal vigente establece que ese mecanismo solamente puede ser ejercido una sola vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo, aunque otras interpretaciones apuntan que se puede volver a aplicar porque en aquel momento no se llegó a concretar.
Si alguna de las partes convocara la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamaría a elecciones anticipadas y mientras tanto, el manejo del Ejecutivo quedaría al mando del vicepresidente de la República.
REVOCATORIA
En medio de ese panorama cobró vida un proceso para revocar el mandato de Lasso luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) derogara la decisión de archivar una solicitud destinada a poner fin al actual gobierno.
Eso significa que un nuevo juez del TCE deberá decidir sobre el pedido presentado por la Coordinadora Popular por la Revocatoria, un colectivo que desde el año pasado busca sacar de su cargo al jefe del Ejecutivo.
La Coordinadora, liderada por la activista Kerly Carvajal, apeló a esa instancia debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó en julio de 2022 la entrega de formularios para recoger las firmas necesarias a fin de iniciar el proceso.
La revocatoria, establecida en la Carta Magna, permite a los ciudadanos terminar, a través de las urnas, el periodo para el cual las autoridades fueron electas.
El falló del TCE en el actual contexto se convierte en otra opción, aunque complicada, para poner fin al gobierno de Lasso.
OPCIÓN MÁS PROBABLE
El presidente Lasso califica de absurdas las acusaciones y arremetió contra el medio digital La Posta luego de que su equipo periodístico divulgara desde enero la serie de audios y documentos que vinculan al Ejecutivo y al cuñado del gobernante Danilo Carrera con actos ilícitos.
Aseguró que su gobierno es honesto, que su cuñado pudo no haber tenido la suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta, e insistió en que nadie de su familia participa en las decisiones de su administración.
«Aquí estoy dando la cara», aseveró en cadena nacional quien no asistió a la sesión de la comisión parlamentaria que investiga las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
En esas circunstancias, los llamados a su salida son cada vez mayores y la opción más probable dentro del marco democrático parecería ser el juicio político, aunque depende de la Corte Constitucional.
El país requiere una salida democrática urgente y la responsabilidad es no solo del Gobierno y quienes lo atacan, sino de las élites económicas, mediáticas, que se pelean entre sí y que son responsables de esta situación, comentó el sociólogo David Chávez.
Por otro lado, no se descartan movilizaciones en las calles que presionen aún más al mandatario por dejar el Palacio de Carondelet.
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