Los gobiernos militares de los cuatro países enviaron sendas delegaciones a la cimera continental que culminó la víspera en Addis Abeba, la capital etíope, con la esperanza de ser readmitidos en el ente continental, pero chocaron con la negativa de los jefes de Estado.
El rechazo fue difundido por el presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, Bankole Adeoye, en un comunicado de tono que no deja lugares a dudas: “los jefes de Estado reafirmaron (el principio) de cero tolerancia contra los cambios de gobierno inconstitucionales”.
Sin embargo, el funcionario matizó la formulación con la voluntad de los miembros de la agrupación de “ayudar a esos países a retornar a orden constitucional”, una puerta abierta a las negociaciones, pero también un ultimátum: sin elecciones no hay retorno.
La situación de tres de los cuatro gobiernos castrenses, Mali, Guinea y Burkina Faso, es más complicada desde que el sábado la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) decidió mantener las respectivas suspensiones, indicación de que persiste el conflicto con la agrupación regional.
El centro de la confrontación es la diferencia de opiniones sobre el plazo establecido por las juntas militares de los tres países del oeste africano, que al entender tanto de la UA, como de la Cedeao, es demasiado largo.
La decisión panafricana es comprensible a partir del presupuesto de la necesidad de poner fin a los golpes militares, una de las plagas del continente, aunque no la única.
Sin embargo tienen una faceta positiva en tanto en cuanto derroca gobiernos de fuerza, en algunos casos reelegidos en procesos amañados o resultantes de la imposición por la fuerza.
Por paradójico que resulte uno de esos casos ocurrió en 2017 cuando el entonces presidente de Gambia, Yahya Jammeh, rehusó entregar el poder al ganador de los comicios de ese año y actual mandatario, Adama Barrow.
Ni tarda ni perezosa la Cedeao, con el apoyo de la ONU, emitió un ultimátum y desplegó una fuerza militar para forzar a Jammeh a abandonar el sillón presidencial.
El hecho sienta un precedente con aristas contradictorias pues, aunque la prueba de fuerza resultó necesaria, en la práctica es un golpe militar con todas las de la ley.
Otro caso es el de Sudán donde una ola de protestas populares forzó la salida del poder del expresidente Omar al Bashir, acusado además de crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra el movimiento de liberación separatista en lo que hoy es Sudán del Sur y las poblaciones de etnia africana en Darfur.
La deposición y arresto de al Bashir en 2019 dio paso a una junta castrense que aún hoy ejerce el poder en Sudán a través de un llamado Consejo de Soberano de Transición (CST) al que se oponen partidos políticos, gremios, organizaciones de la sociedad civil y vastos sectores de la población.
El presidente del CST, general Abdel Fattah al Burhan, también mantiene diferencias con la UA sobre el plazo para el retorno a la constitucionalidad, condición sine qua non para que el país recupere su asiento en la agrupación pancontinental.
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