No son las monedas o los billetes los que provocan el sonido. No, son las frecuentes denuncias de que tras ella se esconden turbios negocios y fraudes.
Hace meses un programador estadounidense relató cómo el gobierno de Nayib Bukele lo contrató tres días después de lanzar el engendro y encontró una aplicación “repleta de fraude”, según una denuncia del diario El Faro.
El sujeto nombrado Shaun Overton aseguró en su testimonio que hasta el 20 por ciento de los usuarios eran falsos, habló de una “hemorragia de dinero” público hacia cuentas fraudulentas y detalló cómo el gobierno incumplió de forma consciente leyes y tratados internacionales contra el lavado de dinero, según la publicación.
La víspera fue noticia una demanda interpuesta por la organización Cristosal para pedir a la Fiscalía de la República investigar responsables de fraude con la Chivo Wallet.
Ello incluyó contratos, procesos y la deshabilitación de mecanismos de seguridad de la aplicación y los posibles delitos de actos arbitrarios, manipulación de registros y defraudación a la economía pública.
Ahora está en manos de la Fiscalía determinar si se cometieron delitos en la implementación de la aplicación y si alguien en el entorno gubernamental permitió un millonario fraude a través de la aplicación, los contratos, procesos declarados en reserva y la deshabilitación de mecanismos de seguridad del invento.
Ana Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, se sumó a otros que opinan que el bitcoin es un fracaso.
Señaló que la billetera virtual es una política totalmente fallida que propició la intervención en los derechos de la ciudadanía, tanto en el hurto de identidad como sobre los recursos públicos que fueron usados para la implementación de esta aplicación.
Según los denunciantes, la demanda tiene como finalidad la investigación y acción penal contra los responsables, tanto para los autores como los partícipes de los posibles hechos delictivos.
Algunos datos aireados en medios de prensa locales mencionan que fallas en Chivo Wallet provocaron un presunto fraude de hasta 24 millones de dólares.
Ricardo Montoya, un abogado de Cristosal, indicó que el aviso presentado por su organización expone la ejecución de tres posibles delitos: actos arbitrarios, manipulación de registros y defraudación a la economía pública.
Mientras el tiempo pasa, el escándalo, como avalancha de nieve que se desliza rápidamente montaña abajo, amenaza con sepultar a algunos involucrados.
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