De acuerdo con el grupo, 3,5 millones de personas dejan de percibir, cada una, alrededor de siete mil euros al año como consecuencia de esa violación a sus derechos, sobre todo en el sector público, y con especial énfasis en el campo de la enseñanza.
Con anterioridad a esta denuncia, Thérèse Coffey, secretaria de Estado para el Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, aseguró ante la Cámara de los Comunes que “una de las mejores maneras” para aumentar los ingresos es “trabajar más horas, mejorar habilidades y obtener pagos más altos”.
Según el análisis sobre este fenómeno presentado por el TUC, el 12, 5 por ciento de la fuerza laboral de Reino Unido trabaja un promedio de siete horas extras no remuneradas a la semana y la situación resulta más grave en Londres y el sureste y el este de Inglaterra.
El documento advierte, además, sobre la premura del gobierno, encabezado por el primer ministro Rishi Sunak, en la promulgación de leyes que deshagan las disposiciones asociadas a los derechos de los obreros, introducidas cuando el país pertenecía a la Unión Europea.
Algunos de esas protecciones son la jornada laboral semanal máxima, los descansos diarios y semanales entre turnos y las vacaciones anuales retribuidas, en una nación que enfrenta además de las altas tasas inflacionarias, la escasez de personal en muchas industrias.
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