En una entrevista transmitida por Radio Pichincha, Iza se refirió a los disparos recibidos en su vehículo durante el paro de junio de 2022 y alertó que 10 miembros del Consejo de la Conaie recibieron amenazas.
La denuncia de Iza tuvo lugar luego del asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de esa organización indígena en el país sudamericano.
Días antes de su muerte -detalló Iza- Mendúa había responsabilizado a la empresa estatal Petroecuador y al Gobierno de Guillermo Lasso por la violencia generada en la comunidad Dureno, en Sucumbíos.
“El Gobierno está instalando la violencia, el narcotráfico y el sicariato en nuestras comunidades, es su responsabilidad la muerte de nuestro compañero”, recalcó el líder indígena.
De igual forma, declaró que previo a la muerte de Mendúa, la Conaie alertó 13 veces sobre las amenazas que se estaban dando en el territorio de Kofán, desde 2022 tras la apertura de nuevos campos petroleros en Dureno.
Iza consideró que el asesinato del líder de la etnia kofán, es un mensaje para el resto de los territorios donde se están llevando a cabo más explotaciones, pues el Gobierno declaró 11 proyectos mineros como zonas de seguridad jurídica.
La seguridad de los dirigentes y de las comunidades en conflicto con la extracción minera y petrolera está en peligro, aseveró Iza, al tiempo que solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
Advirtió que comenzarán la radicalización de movilizaciones en los lugares donde se pretende realizar actividades mineras.
En este sentido, Iza aclaró que una movilización generalizada, con la crisis económica y de seguridad que vive el país, podría generar una infiltración en términos delincuenciales que afectarían la pasividad de las mismas.
“Donde sí podemos garantizar la defensa y la seguridad es en los territorios donde conocemos a nuestra gente”, dijo.
El asesinato de Eduardo Mendúa ocurrió luego de que la Conaie rompiera el diálogo con el Gobierno establecido luego del paro de junio pasado y llamara a la renuncia de Lasso por incumplir los acuerdos pactados y también por el escándalo de corrupción y vínculos con el narcotráfico de su administración.
Varios analistas consideran que con ese tipo de acciones están precipitando la reacción del movimiento indígena contra el Ejecutivo y, a su vez, puede ser una maniobra para desatar un baño de sangre de dirigentes populares en Ecuador.
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