El Tribunal Supremo en esta jornada escuchó los criterios de dos casos relacionados: uno presentado por seis estados y otro por dos personas, Myra Brown y Alexander Taylor, que tienen deudas de préstamos estudiantiles.
Los demandantes indicaron que la propuesta del presidente Joe Biden viola la Constitución y la legislación federal, en parte porque elude al Congreso, que, según ellos, es el único facultado para crear leyes relacionadas con la condonación de los préstamos estudiantiles.
En el primer caso, la mayoría de los magistrados parecieron escépticos de que la Legislatura autorizara claramente a la actual administración a perdonar miles de millones de dólares.
Sin embargo, la jueza conservadora Amy Coney Barrett unió su criterio a los tres liberales del Tribunal para cuestionar si un grupo de estados liderados por republicanos tenía capacidad legal para impugnar el plan de Biden, indicó el diario The Hill.
La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en representación del Gobierno, citó como justificación para la medida la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes.
Según destacó el periódico, esa normativa otorga al secretario de Educación autoridad para “renunciar o modificar” los programas federales de ayuda financiera a los estudiantes en relación con una guerra u otra operación militar o emergencia nacional.
Los jueces conservadores señalaron que podrían decidir el caso basándose en un argumento legal presentado por los impugnadores que el Tribunal Supremo adoptó recientemente llamado “doctrina de las cuestiones importantes”.
De acuerdo con ello, las agencias federales no pueden iniciar nuevas políticas radicales que tengan un impacto económico significativo sin contar con la autorización expresa del Congreso, subrayó el canal NBC News.
“Estamos hablando de medio billón de dólares y de 43 millones de estadounidenses”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al subrayar el impacto del plan de Biden.
En agosto pasado la actual administración anunció que condonaría parte de la deuda contraída por cerca de 40 millones de ciudadanos para pagar sus estudios universitarios.
La medida incluía perdonar el pago de hasta 10 mil dólares para aquellos prestatarios con ingresos por debajo de los 125 mil dólares anuales y a los beneficiarios del programa Beca Pell (que ayuda a las familias de bajos ingresos) los eximió del pago de 20 mil dólares.
El programa está bloqueado desde que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos emitió una suspensión temporal en octubre pasado, y hay dudas de que llegue a entrar en vigor, si bien 16 millones de peticiones de prestatarios fueron aprobadas aquí.
Se espera que la Corte Suprema haga un pronunciamiento sobre los casos a finales de junio.
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