Con seis votos a favor y uno en contra, el grupo multipartidista de la Asamblea Nacional aprobó tras ocho horas de sesión el informe que recomienda enjuiciar políticamente al mandatario por delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
El borrador inicial del documento, -calificado por el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como un “mamotreto”-, sugería acusar al jefe de Estado por “traición a la Patria”, pero finalmente decidieron eliminar ese elemento.
El texto aprobado propone juzgar políticamente a Lasso porque las conductas analizadas se adecúan a delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública y señala indicios de cohecho, concusión y peculado.
De igual manera, la comisión aprobó incluir una acusación relacionada con las contribuciones ilícitas recibidas por Lasso para su campaña electoral presidencial.
El informe es resultado de más de un mes de indagaciones luego de que el medio digital La Posta divulgara audios y documentos sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas del sector energético.
Supuestamente esa red era operada por Rubén Cherres, quien contaba con el apoyo del cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, a quien denominaron El Gran Padrino.
A ese escándalo se sumaron también las acusaciones sobre vínculos de ese esquema de corrupción con la mafia albanesa, según reveló una pesquisa de la Policía Nacional archivada sin motivos aparentes.
El juicio político está contemplado en el artículo 129 de la Constitución, y para llevarlo adelante se requiere que la solicitud sea inicialmente aceptada por una tercera parte del parlamento y también debe recibir el dictamen previo de la Corte Constitucional.
Tras una serie de pasos, si el proceso final es aprobado no habría elecciones anticipadas, sino que asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrego.
El gobierno de Lasso quedó muy debilitado luego del revés electoral de su propuesta de referendo constitucional y existen vaticinios de que no llegará al final de su mandato, previsto para 2025.
En medio de todo ese escenario organizaciones populares de indígenas, trabajadores y estudiantes reclaman su salida del poder y, aunque han descartado por ahora un paro general, convocan a movilizaciones.
jcm/avr
