El estudio mostró que la pérdida, causada en menos de cinco años, equivale a dos mil 325 campos de fútbol.
Los investigadores de esa entidad científica ecuatoriana junto al proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) trabajaron con mapas satelitales para demostrar el impacto de la deforestación es esa zona.
Las imágenes, estudiadas entre 2017 y 2022, evidenciaron cómo la cobertura forestal va perdiendo terreno y es sustituida por piscinas para extracción de minerales o vías de acceso para el desplazamiento de maquinaria pesada.
Uno de los casos más impactantes que reflejó la pesquisa se encuentra en el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, ubicado en Zamora Chinchipe y donde se han perdido 545 hectáreas de cobertura vegetal a lo largo del río desde 2018.
En esa zona -detalló el documento- hay concesiones mineras que se encuentran en la etapa de exploración/explotación, sin embargo, se ha detectado actividad extractivista irregular por fuera de las concesiones.
Siguiendo esta línea, la investigación incluyó seis reportes técnicos que presentados desde febrero de 2022 y analizó la situación en zonas como Yutzupino, donde desde finales de 2021 se han registrado denuncias por minería ilegal y en febrero de 2022 fue intervenida por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
En entrevista reciente ofrecida a Prensa Latina, el investigador de la Universidad Central de Ecuador Dimitri Madrid denunció que la minería ilegal está rompiendo los sistemas de vida en una gran cantidad de comunidades indígenas en Ecuador.
Es un tema terriblemente complejo -apuntó- porque alrededor de la minería “legal” están las grandes trasnacionales estadounidenses, europeas y canadienses, entre otras.
En enero de este año, el gobierno de Guillermo Lasso declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional tras identificar sus vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
En cambio -detalló- la declaratoria vino acompañada con la decisión de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen el trabajo de las concesiones mineras legales, con la justificación de que estas últimas aportan al crecimiento de la economía y, por tanto, deben recibir la protección del Estado.
Madrid alertó que no se puede hacer minería a cielo abierto sin romper la biodiversidad. Es el modelo depredador de occidente el que se ha impuesto en estas zonas.
“La minería en cualquiera de sus facetas trae complejidades sociales grandes”.
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