Veloz fue la líder de la comisión multipartidista que emitió el informe donde recomiendan iniciar el juicio político contra el mandatario y conversó con Prensa Latina sobre las posibilidades reales de destituir al gobernante por esa vía.
Recibimos en las 21 sesiones de la comisión decenas de comparecencias y recabamos más de 40 mil documentos con pruebas contundentes, irrefutables, que corroboran cómo el jefe del Ejecutivo incurrió en delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado, apuntó la parlamentaria.
Aseveró que las faltas cometidas por el presidente son, de acuerdo a los artículos 129.1 y 129.2 de la Constitución, causales para un juicio político.
Entre las evidencias de los delitos mencionó el decreto 163, documento mediante el cual el Jefe de Estado otorgó el control de todas las empresas públicas a Hernán Luque, que ha sido muy cercano a Lasso desde 1993 cuando trabajaron en el Banco de Guayaquil, propiedad del presidente.
Para corroborar los hechos de corrupción que el mandatario conocía y ocultó la legisaldora citó también el informe del exsecretario nacional anticorrupción Luis Verdesoto sobre cómo se instauró esta estructura de sobornos en las empresas públicas.
De igual manera, Veloz se refirió a las acusaciones de vínculos con el narcotráfico al señalar que un representante del Servicio de Rentas Internas no pudo justificar por qué sacaron de la lista de paraísos fiscales a la República de Albania.
Todo ese escándalo estalló en enero, cuando el medio digital La Posta expuso la existencia de una supuesta red de corrupción en empresas públicas del sector energético liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
Al parecer, pese a no tener ningún cargo, Carrera y su operador de confianza Rubén Chérrez decidían qué firmas privadas trabajaban con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas, y gestionaron fondos provenientes del narcotráfico para la campaña electoral de Lasso en 2021.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Veloz apuntó que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, no ha querido entregar las cuentas de campaña del binomio ganador y se negó a comparecer ante la comisión.
La asambleísta, miembro del movimiento Revolución Ciudadana, rechazó los intentos del Ejecutivo de intentar vender la idea de que existe una acción de golpismo y desestabilización, «cuando eso no es así porque fiscalizar es una competencia nuestra como legisladores».
Este sábado, la Asamblea Nacional analizará la recomendación de abrir un juicio político y para avanzar en ese proceso, que consta de varios pasos, son necesarios en esta etapa 70 votos.
Ningún político decente, comprometido con su gente, que sabe de la necesidad de una salida democrática por el bienestar del país se va a negar a dar paso a ese juicio, opinó Veloz.
Comentó que el 85 por ciento de las personas no quieren a Guillermo Lasso porque no les pudo garantizar cuatro pilares básicos: salud, educación, empleo y seguridad.
Confiamos en que van a existir los votos ahora y después también para destituirlo, afirmó Veloz, para quien el mandatario debe entregar cuanto antes “las llaves de la democracia” como una salida pacífica a esta crisis por la cual atraviesa Ecuador.
mem/avr
