El proceso legal señala que “se les ha negado la atención obstétrica necesaria y potencialmente vital porque los profesionales del sector del estado temen ser responsables en virtud de las prohibiciones a la interrupción del embarazo”.
De acuerdo con el periódico The New York Times, las demandantes no piden a los tribunales que anulen las prohibiciones del aborto en Texas.
Sin embargo, ellas sí buscan una confirmación de que los médicos puedan hacer ese proceder en aquellos casos en que continuar con la gestación sea inseguro, o si es improbable que el feto sobreviva fuera del útero.
Lauren Hall, una de las demandantes, estaba feliz por su embarazo hasta que, en su exploración a las 20 semanas, supo que el feto se desarrollaba sin cráneo, una anomalía letal conocida como anencefalia.
Según declaró ella al diario The Texas Tribune, su doctor le comunicó que no podían ayudarla, por lo cual debería continuar hasta que abortara o diera a luz a un bebé que no podría sobrevivir fuera del útero.
También estaba la opción de abandonar el estado e ir a otro donde la interrupción sí es permitida, pero expertos alertaron que ese desplazamiento para recibir atención está asociado con grandes cargas y pueden incluir retrasos y un mayor costo financiero y social.
La legislación de Texas sobre el aborto permite a los médicos interrumpir la gestación solo para salvar la vida de la paciente embarazada.
Fueron presentados varios proyectos de ley para ampliar esas excepciones y permitir el procedimiento en casos de violación, incesto o de anomalías que hagan al feto incompatible con la vida, pero no se espera que avancen en la Legislatura, dominada por los republicanos, remarcó The Texas Tribune.
El Centro por los Derechos Reproductivos interpuso la demanda contra Texas en nombre de las cinco mujeres y dos ginecólogos-obstetras de Texas.
La institución destacó que, si bien las condiciones de ellas deberían haber cumplido los requisitos para acogerse a las excepciones de la prohibición del aborto del estado, este se las negó y sus condiciones empeoraron, lo que supuso grandes riesgos para su fertilidad, salud y vidas.
Al menos 13 estados tienen prohibiciones para el procedimiento, tras la anulación en junio pasado de la sentencia conocida como Roe contra Wade, que en 1973 dictaminó que la Constitución protege la libertad de una mujer para elegir poner fin su embarazo sin excesivas restricciones gubernamentales.
Para el Centro por los Derechos Reproductivos, estos obstáculos crean caos para las pacientes, médicos y hospitales que las tratan, al criminalizar la prestación del aborto, que es un procedimiento estándar y crucial para tratar muchas condiciones médicas peligrosas que surgen durante el embarazo.
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