A pesar de las divisiones internas en las bancadas de esas organizaciones, todos sus integrantes votaron el sábado pasado a favor del informe que recomienda enjuiciar políticamente al mandatario por omitir delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
Sin embargo, ahora que se espera el inicio oficial del proceso con la presentación de la solicitud al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), miembros de PK e ID toman distancia.
La asambleísta Jéssica Castillo, de PK, apuntó hoy que las causales para el juicio político no son claras ni evidentes y expresó que no pueden “bajo un show político sancionar a algo que no es coherente».
Por su parte, Alejandro Jaramillo, de ID, señaló que el documento aprobado no tiene los elementos suficientes sobre cuál es la participación del jefe del Ejecutivo en los actos de corrupción y ni los supuestos vínculos con el narcotráfico.
En declaraciones a la prensa este martes, Jaramillo dijo que votaron a favor del juicio el sábado pasado para hacer “un llamado al presidente a que rectifique».
Ese cambio de opinión llamó la atención de la legisladora Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y presidenta de la comisión a cargo del informe, quien advirtió sobre la contradicción entre esas declaraciones y la postura de hace tres días favorable al juicio político.
Veloz precisó que aún no han definido quién será el asambleísta que presente el pedido para iniciar ese procedimiento, pero sí afirmó que será el viernes 10 de marzo cuando se hará la solicitud formal, la cual deberá contar con el respaldo de 46 legisladores.
Ese sería el primero de una serie de pasos, entre los que se incluye un análisis del Consejo de la Administración Legislativa, de la Corte Constitucional y la Comisión de Fiscalización.
Lasso llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su Gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y nexos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos, organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
npg/avr
