En la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobaron el pasado sábado un informe que recomienda iniciar el procedimiento, previsto en el artículo 129 de la Constitución, sin embargo, los legisladores aún no anuncian quién presentará oficialmente el pedido.
Ese es el primer requisito -indispensable- de un extenso proceso constitucional que podría terminar con la destitución del mandatario.
Las causales serían presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, tras las acusaciones de omitir información sobre una supuesta red de corrupción y vínculos de su gobierno con el narcotráfico.
El legislador que presente el pedido deberá reunir al menos 46 firmas para presentar un documento que se someterá al presidente de la Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Ello no parece ser un paso difícil, pues la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES) cuenta con 47 curules, suficientes para avanzar por sí solos en esa primera etapa.
Luego, el CAL deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, de cumplirlos, enviarlo a la Corte Constitucional, instancia que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
En ese punto, asambleístas como Blasco Luna, de UNES, aclararon que este es un proceso meramente político, por lo cual no es necesario un enjuiciamiento penal previo.
Si la Corte lo autoriza, el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización para dar inicio al trámite con la notificación de las partes, incluido el presidente, que tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
Al finalizar esa etapa, la Comisión Fiscalización elaborará un informe donde recomendará o no el juicio político.
En ese momento el mandatario podrá defenderse nuevamente ante el pleno del Parlamento, que abrirá a continuación el debate, en el cual podrán intervenir los 137 legisladores.
Finalmente, en un plazo de cinco días, el jefe del Legislativo convocará para la votación final, que requiere de la aprobación de 92 asambleístas para destituir al mandatario.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
El Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización nacional para el próximo 14 de marzo con el objetivo de exigir a la Corte Constitucional que admita el juicio político.
Esa es una de las opciones que maneja la oposición para acelerar la salida de Lasso del poder, pues también la normativa vigente prevé acciones como la renuncia y la revocatoria de mandato, este último mecanismo también en proceso.
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