La asambleísta Viviana Veloz, jefa de la comisión a cargo del informe aprobado para recomendar el enjuiciamiento político del mandatario, señaló que miembros de su bancada Unión por la Esperanza (UNES) buscan incorporar al documento las pruebas suficientes para garantizar el avance del procedimiento.
Afirmó que aún no tienen definido quién o quiénes serán los asambleístas que presentarán al presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) el pedido formal de juicio, el cual deberá contar con el respaldo de 46 firmas de legisladores.
Veloz rechazó las recientes críticas al informe aprobado el pasado sábado con el respaldo de 104 parlamentarios.
Quienes quieren posicionar esta idea quieren levantar una cortina de humo para seguir protegiendo al presidente de la República, aseveró.
La asambleísta Jéssica Castillo, de Pachakutik, apuntó que las causales para el juicio político no son claras ni evidentes y expresó que no pueden “bajo un show político sancionar a algo que no es coherente».
Por su parte, Alejandro Jaramillo, de ID, señaló que el documento aprobado no tiene los elementos suficientes sobre cuál es la participación del jefe del Ejecutivo en los actos de corrupción y ni los supuestos vínculos con el narcotráfico.
En declaraciones a la prensa este martes, Jaramillo dijo que ellos votaron a favor del juicio el sábado pasado para hacer “un llamado al presidente de para que rectifique».
Ese cambio de opinión llamó la atención de Veloz quien advirtió sobre la contradicción entre esas declaraciones y la postura de hace unos días favorable al juicio político.
Lasso llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con un presunta red de corrupción en empresas públicas y nexos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos y naciones aliadas, organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
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