Se esperaba que este viernes algún legislador de oposición hiciera el pedido formal para enjuiciar al mandatario políticamente, lo cual daría paso a un proceso que podría adelantar el fin de su mandato.
Sin embargo, hasta ahora ningún parlamentario ha hecho esa solicitud, pues afirman estar trabajando en el documento que sustentará esa petición.
Algunos asambleístas, principalmente de los partidos Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID), analizan si apoyarán ese procedimiento que busca destituir a Lasso.
A pesar de que 104 legisladores apoyaron el informe para avanzar con el juicio político al mandatario por omitir delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, ahora algunos toman distancia y alegan falta de causales para culpar al jefe del Ejecutivo.
El profesor de derecho Mauro Andino explicó en televisión nacional que ese proceso se encuentra en el campo político y no debería ser cuestionado en el marco penal.
Andino subrayó cómo el juicio político es una herramienta democrática para controlar al poder y está establecida tanto en la Constitución de Ecuador como en la de otros países.
Afirmó que el informe aprobado en la comisión investigadora de los presuntos vínculos del gobernante con la corrupción y el narcotráfico servirá como fundamento o base para elaborar la solicitud que se enviaría luego a la Corte Constitucional.
Lasso llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con un presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y naciones aliadas, organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
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