En una entrevista transmitida por el canal Ecuavisa, Veloz dijo que el pedido, que será presentado máximo la próxima semana ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), debe ser apoyado por al menos 46 legisladores (la tercera parte de la Asamblea) y solo en la coalición Unión por la Esperanza (UNES) hay 47 integrantes, por lo que el requerimiento cumpliría con el requisito.
Veloz anunció además que será una de las interpelantes en el proceso que busca la destitución del jefe de Estado ecuatoriano.
La asambleísta, quien dirigió la comisión legislativa que indagó el caso ‘Encuentro’ sobre una supuesta red de corrupción en empresas públicas y que involucra a funcionarios cercanos a Lasso, adelantó que el correísmo espera que un segundo interpelante surja del Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) o Izquierda Democrática (ID).
Veloz precisó también que se motivará la solicitud en el numeral dos del artículo 129 de la Constitución donde revela que un mandatario ecuatoriano puede ser enjuiciado políticamente «por delitos de concusión, cohecho (soborno), peculado (malversación de fondos) o enriquecimiento ilícito».
Se esperaba que este viernes algún legislador de oposición hiciera el pedido formal para enjuiciar al mandatario políticamente, lo cual daría paso a un proceso que podría adelantar el fin de su mandato.
Sin embargo, hasta ahora ningún parlamentario ha hecho esa solicitud, pues afirman estar trabajando en el documento que sustentará esa petición.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales.
El Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización nacional para el próximo 14 de marzo con el objetivo de exigir a la Corte Constitucional que admita el juicio político.
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