En una sesión virtual, efectuada en la noche de este viernes, el CAL solicitó al equipo especializado un informe de cumplimiento de requisitos, el cual debe ser entregado en un plazo de 24 horas.
La aprobación del CAL sería el primer filtro del procedimiento para enjuiciar políticamente al mandatario.
Luego, el documento, oficializado la víspera con el respaldo de 59 legisladores, pasaría a la Corte Constitucional, entidad que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos, de un total de 137 asambleístas, para destituir al presidente.
Lasso llegó a este punto, tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Ejecutivo niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato del actual gobernante, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Organizaciones sociales anunciaron este viernes que realizarán un plantón en las afueras de la Corte Constitucional el día que ese organismo someta a discusión la solicitud del juicio político.
El excandidato presidencial Andrés Arauz declaró a Prensa Latina que la Corte debe «hacer su deber» y centrarse, como está establecido, en los aspectos formales del documento que pide enjuiciar al mandatario por delitos contra la administración pública.
La democracia incluye estos cruces de responsabilidades, esta rendición de cuentas, y no debe ser la influencia oculta de gobierno la que prime en la Corte, sino la de los representantes del pueblo, en este caso son los asambleístas, afirmó el también economista.
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