El viernes, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y contra la Defensora de los Niños de Rusia, Maria Lvova-Belova, por el supuesto caso de «tráfico de niños».
Según el documento, la corte establece que supuestamente podrían estar involucrados en “crímenes de guerra consistentes en la deportación ilegal de la población”, incluidos niños, y su traslado ilegal a Rusia, y las acciones se cometieron en el territorio de Ucrania.
Al conocerse la información el portavoz del presidente ruso, Dimitri Peskov, de forma tajante, dijo que la Federación de Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, por lo tanto, cualquier decisión de este tipo es nula y sin valor para Moscú desde el punto de vista de la ley.
“Consideramos que la misma presentación de la cuestión es indignante e inaceptable, Rusia, como varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, puntualizó Peskov.
Por su parte, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, destaca que las decisiones de la CPI no tienen ningún significado para Moscú, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no tiene obligaciones, y no coopera con ella.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dimitri Medvedev, también reaccionó a la decisión publicando en su canal de Telegram un emoji con la imagen de un papel higiénico.
Oleksandr Brod, miembro del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, también habló sobre el hecho de que los jueces de la Corte Penal Internacional estuvieron influidos por las campañas anti rusas.
El activista de derechos humanos subrayó que desde 2014, expertos y abogados rusos y extranjeros han recopilado un “volumen colosal” de pruebas que confirman el carácter nazi del régimen ucraniano, que cometió miles de crímenes contra civiles, y la CPI no ha hecho nada al respecto.
Entretanto, desde distintas partes del mundo han criticado este error garrafal de la CPI. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, lo calificó como un paso hacia el mayor conflicto en la historia de la humanidad.
«Me pregunto si alguien es lo suficientemente inteligente como para no llevarlo hasta el final, y si alguien entiende a qué consecuencias conducirá esto», declaró el jefe de Estado serbio.
Por su parte, el expresidente boliviano, Evo Morales, señaló que la Corte Penal Internacional emite una nula orden de arresto contra el presidente de Rusia, días antes de su reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, que busca crear las condiciones para un proceso de pacificación del conflicto con Ucrania».
Morales advirtió, además, que esta acción es parte de la campaña internacional de estigmatización contra Rusia, orquestada desde occidente, por la operación militar especial en Ucrania.
La Corte Penal Internacional surgió hace dos décadas para investigar actos inhumanos de militares, genocidios y crímenes de lesa humanidad.
Este instrumento jurídico se estableció sobre la base del Estatuto de Roma, un tratado internacional relevante adoptado en 1998. Entre otras cosas, el documento establece las funciones, jurisdicción y estructura del tribunal.
La CPI no está relacionada con la Corte Internacional de Justicia, que también se encuentra en La Haya. La CPI puede iniciar casos a propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no forma parte de las estructuras de la ONU.
Muchas naciones no han firmado el estatuto de Roma, como China, la India y gran parte del sudeste asiático, en tanto otras como Rusia y el propio Estados Unidos, lo firmaron y lo rechazaron posteriormente, por lo cual la CPI no tiene jurisdicción en gran parte de la comunidad internacional.
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