El informe de la UTL, solicitado el pasado viernes en la noche, concluyó que el documento presentado para pedir el enjuiciamiento político del mandatario cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución, así como con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Asimismo, los técnicos señalaron que el pedido «se encuentra debidamente fundamentado», con las pruebas documentales correspondientes, las firmas de respaldo necesarias y refleja por escrito los cargos atribuidos al presidente de la República.
El jueves pasado, asambleístas de diversos partidos de oposición presentaron oficialmente el pedido para enjuiciar a Lasso por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, conocidos como delitos contra la administración pública.
Para mañana está programada una nueva reunión del CAL para analizar la solicitud del procedimiento, que podría adelantar el fin del mandato del actual jefe del Ejecutivo.
Luego, el documento, que contó con el apoyo de 59 legisladores, pasaría a la Corte Constitucional, entidad que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
El gobernante llegó a este punto, tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su Gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los colectivos civiles, encabezados por el movimiento indígena, anunciaron que realizarán un plantón en las afueras de la Corte Constitucional el día que ese organismo someta a discusión la solicitud de juicio político.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar en total un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
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