Con cinco votos a favor y dos abstenciones, el CAL autorizó el envío del documento a la Corte Constitucional, entidad que deberá emitir un dictamen en hasta seis días.
Organizaciones sociales, encabezadas por el movimiento indígena, anunciaron que realizarán un plantón en las afueras de la Corte el día que ese organismo someta a discusión la solicitud de juicio político.
Anteriormente, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) concluyó que el pedido de enjuiciamiento político del mandatario cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución, así como con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Asimismo, los técnicos señalaron que el documento «se encuentra debidamente fundamentado», con las pruebas documentales correspondientes, las firmas de respaldo necesarias, y refleja por escrito los cargos atribuidos al presidente de la República.
El jueves pasado, asambleístas de diversos partidos de oposición presentaron oficialmente el pedido para enjuiciar a Lasso por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, conocidos como delitos contra la administración pública.
El gobernante llegó a este punto tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar en total un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos de un total de 137 asambleístas para destituir al presidente.
De aprobarse el juicio, asumiría por lo que resta del mandato el vicepresidente, Alfredo Borrero.
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