Pese al reclamo de las mujeres de su derecho a decidir sobre su cuerpo, esa es la respuesta oficial a esas demandas.
La afirmación coincide con una audiencia en un foro regional sobre el caso de Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años que tuvo un embarazo de alto riesgo luego de que tras ser diagnosticada con lupus, solicitó interrumpirlo pero no fue posible porque en El Salvador es un delito y fue sometida a una cesárea.
Castro dijo que respetarán “siempre lo que indica la Constitución” y no escucharán ni respetarán las demandas que “quieran imponernos desde el extranjero algunas organizaciones”.
La despenalización social del aborto no es algo quimérico y las mujeres de El Salvador luchan por que se reconozcan legalmente sus derechos, según informes de organizaciones sociales.
Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Colombia, considera que las féminas salvadoreñas son criminalizadas de forma ‘desproporcional e injusta’.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista en El Salvador trabajan para defender los derechos de muchas mujeres que ahora están encarceladas hasta por 50 años por algo de lo que no son culpables.
Expertos en el tema valoran que el cambio hacia garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las féminas es lento y cuesta arriba.
Martínez opinó que en este país, y particularmente en Centroamérica, existe un discurso por parte de la iglesia que es particularmente negacionista frente a los derechos reproductivos y creo -puntualizó- que no podemos negar que eso de alguna manera influye en crear este imaginario social sobre que el aborto es malo.
En El Salvador las mujeres que abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son consideradas homicidas por el Estado, y en la actualidad en el país hay 14 condenadas, seis de las cuales están siendo procesadas debido a que el sistema judicial ve el aborto como un delito sin importar las causas, aseveró.
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