La iniciativa de ley 6181 fue presentada por el Organismo Ejecutivo el 13 de enero y pasó de inmediato a la Comisión de Defensa Nacional, la cual dictaminó a su favor el 28 de febrero.
El primero de marzo avanzó en primera lectura y la pasada semana continúo su curso favorable, no sin antes recibir duras críticas de legisladores de la oposición.
Para Bernardo Arévalo, aspirante a la presidencia en las próximas elecciones por la bancada Semilla, el Decreto aprobado contiene una medida innecesaria y populista.
«Nosotros no estamos ahora ante un problema de falta de instrumentos legales para perseguir el delito de robo de fluido eléctrico; de hecho, la legislación ya lo tiene en el Código Penal, en el artículo 249», aseguró durante el debate.
En su opinión, se está instrumentalizando en época electoral para tratar de distraer y dirigir la atención hacia la criminalización de las «víctimas del pésimo servicio eléctrico», puntualizó.
«Se está castigando a usuarios que han sufrido los abusos de la empresa eléctrica, esta ley es de carácter represivo, lo que se deja venir es la represión de las personas que defienden sus derechos ante la distribuidora», denunció, Walter Félix, de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz)»
Por su parte, la diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, consideró que la ley vulnera los derechos de la población, de las organizaciones y los comunitarios.
En su razonamiento, enfatizó que este decreto favorece a «empresarios mafiosos que día a día saquean a los pueblos».
«Esperemos que la población juzgue a los diputados y diputadas ponentes de esta iniciativa porque vendrá un momento donde el pueblo nos va a juzgar de nuestros hechos aquí en el Congreso», aseveró.
«Ojalá se incluya el desvío de ríos», un tema que sí debiera preocupar a los congresistas ponentes de la iniciativa, ironizó Osmundo Ponce, también del partido URNG-Maiz.
Ponce afirmó que la ley está dirigida completamente a una organización social, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), a quien el Estado y las compañías acusan de «ladrones de energía» sin tener en cuenta sus demandas.
Si se trata de una persona, las sanciones podrían ser entre dos y cuatro años de prisión y multa de 10 mil quetzales (mil 315 dólares), pero si quienes actúan forman parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, la pena oscila entre cuatro y ocho años, y la multa pasa a 100 mil quetzales (13 mil 157 dólares), trascendió.
Además, en una enmienda por adición, se añadirá el término «atentado contra la seguridad de servicios».
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