El asunto es abordado en estos días por medios políticos, de prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y por supuesto, por el Gobierno que defiende lo que es parte de su política estrella en el enfrentamiento a las pandillas.
Radio Ysuca, en una aproximación al asunto citó una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, (Uca-Iudop), según la cual más del 75 por ciento de los salvadoreños desconocen cuáles son los derechos y garantías suspendidos por el régimen, mientras apenas el 22,9 por ciento si sabe a lo que se expone con la medida.
Son tres derechos fundamentales en suspenso pero sobre el de la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones prácticamente nadie sabe que están en esa situación, el 86 por ciento lo desconoce.
El 77,7 por ciento de los preguntados durante la pesquisa no sabe que bajo esta política también están reprobados el derecho a la libertad de reunión y asociación, el plazo de la detención administrativa y el derecho a la defensa.
Los resultados en términos de seguridad, alcanzado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, sin embargo son un velo que impide a la mayoría de la población tener conciencia de la gravedad del problema y la violación de los derechos humanos, según denuncias.
La pesquisa de Ludop encontró que el 43.1 por ciento de los consultados señaló que el mayor fracaso del régimen de excepción es la captura de personas inocentes.
Informes indican que el número de salvadoreños que dijo conocer a personas inocentes víctimas del régimen de excepción aumentó del 16.5 al 34 por ciento en los últimos meses.
Fuentes citadas por Radio Ysuca señalan que las autoridades hacen creer a la población que hay que elegir entre tener paz o respetar los derechos humanos.
Mientras se incrementa la controversia sobre la conveniencia o no de que se mantenga esta política, voceros del grupo Servicio Social Pasionista denunciaron que bajo esta política se registraron un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independiente para determinar los responsables de ellas.
La disputa va creciendo cuando nuevas voces se alzan para denunciar arbitrariedades cometidas bajo este sistema.
Stanley Quinteros, del Socorro Jurídico Humanitario, dijo que documentaron más de 20 mil personas capturadas que no tienen ningún vínculo con estructuras criminales, pero que sirven a las autoridades para «hacer números».
Mientras tanto, la vigencia del régimen de excepción se perfila como indefinida, según los voceros del gobierno, sin importar que el malestar entre la población aumenta cada día.
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