En la tarde de este miércoles, los magistrados Richard Ortiz y Alí Lozada presentaron su dictamen sobre el caso, según la ficha técnica del proceso publicada en la página web de la Corte.
Ahora se espera una sesión del plenario de esa instancia judicial para conocer si los jueces admiten o no el procedimiento que podría adelantar el fin del mandato de Lasso.
Esa reunión de los letrados para decidir sobre el enjuiciamiento político del jefe del Ejecutivo pudiera tener lugar hoy mismo, aunque legalmente aún tienen plazo hasta mañana.
Para que se apruebe, el dictamen debe recibir al menos seis votos de los nueve jueces constitucionalistas.
El pasado lunes fracasó el informe propuesto por la jueza Teresa Nuques, por lo cual fue necesario designar otros magistrados para este caso.
Para iniciar el juicio político contra el presidente es imprescindible el visto bueno de esa instancia judicial, de lo contrario habría que archivar la petición, impulsada por los legisladores Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo.
Los asambleístas apelan al artículo 129 de la Carta Magna y acusan a Lasso de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción en empresas públicas de los cuales él sabía y no hizo nada al respecto.
Mientras el Gobierno niega las acusaciones y las califica de intentos de desestabilización, organizaciones sociales apoyan el fin del mandato de Lasso, no sólo por esos delitos, sino por el abandono estatal.
Durante esta jornada de miércoles colectivos civiles encabezados por la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular se manifestaron frente a la Corte para demandar que apruebe la propuesta contra Lasso.
Con ese mismo propósito más de dos mil indígenas protestaron también la víspera en las afueras de la institución en Quito.
Si finalmente aprueban el juicio político, el trámite vuelve al parlamento y allí la Comisión de Fiscalización debe decidir si recomienda o no el procedimiento en un plazo de 30 días.
Una vez esté listo el informe el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa y para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137.
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