Después de una hora y media de sesión, seis de los magistrados votaron a favor de admitir la solicitud y tres en contra, informó la propia Corte en un comunicado oficial.
En el texto, esa instancia judicial señala que hicieron un análisis de la petición para garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa y así asegurar que el enjuiciamiento político del mandatario no sea utilizado de forma arbitraria e irracional.
Respecto al contenido de la solicitud, la Corte aclara que el delito de concusión, por el cual acusaban a Lasso, no cumple las exigencias de la legislación, pero sí calificaron los cargos por peculado.
Con esas observaciones el trámite volverá a la Asamblea Nacional (parlamento), que deberá discutir el tema en la Comisión de Fiscalización.
Ese equipo emitirá un informe en un plazo de 30 días sobre si recomienda o no el procedimiento.
Una vez esté listo el documento, el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa.
Para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137.
Por el momento no existe ningún pronunciamiento respecto a la decisión de la Corte por parte del presidente ni de su gabinete.
Lasso llegó a este punto luego del escándalo de corrupción en empresas públicas en el cual estaría vinculado su cuñado, Danilo Carrera, y el gobernante aparentemente sabía, pero no hizo nada al respecto.
La asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana y encargada de las investigaciones, afirmó que ahora el presidente tendrá que responder por sus horrores e incompetencias ante la Asamblea. «No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano», agregó.
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