Esa instancia judicial rechazó las acusaciones de concusión contra el mandatario y admitió la solicitud para enjuiciarlo políticamente por el delito de peculado.
La Secretaría General de Comunicación de la presidencia emitió un comunicado en el cual manifiesta que respeta la decisión de la Corte a pesar de no coincidir con ella y asegura que el planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno.
Por su parte, legisladores y organizaciones sociales se pronunciaron a favor del fallo a favor del proceso que podría adelantar el fin del mandato de Lasso, quien es el primer jefe de Estado en la historia democrática de Ecuador en enfrentar una situación como esta.
Este juicio es un símbolo para un país desesperado y desesperanzado, para los miles de desempleados y los millones de ecuatorianos que dejaron de creer en la democracia, expresó el parlamentario andino Virgilio Hernández.
El movimiento Revolución Ciudadana subrayó que el juicio político es una expresión democrática frente a un país destrozado y sentenció “hoy renace la esperanza”.
La asambleísta Viviana Veloz, encargada de las investigaciones y una de las solicitantes del juicio, afirmó que ahora el presidente tendrá que responder por sus horrores e incompetencias. «No podíamos darle la espalda al pueblo ecuatoriano», agregó.
“Que la Corte haya dado paso al proceso en contra del gobernante demuestra que siempre hubo motivación y sustento para plantearlo. Ahora el proceso recién empieza. Que triunfe la ley, las aspiraciones del pueblo y la Constitución”, escribió la también parlamentaria Paola Cabezas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que este martes protagonizó una protesta a favor de la salida de Lasso del poder, aseveró que el juicio político “es un clamor popular”.
Para la mayor organización de pueblos originarios del país, el jefe del Ejecutivo debe ser destituido por peculado, pero también por su incapacidad de gobernar. El siguiente paso en la tramitación de la herramienta constitucional está en la Comisión de Fiscalización, que debe decidir si recomienda o no el procedimiento en un plazo de 30 días.
Una vez esté listo el informe el jefe del legislativo convocará al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento, donde el mandatario tiene derecho a defensa y para aprobar su destitución se deberá contar con el voto de 92 asambleístas de un total de 137.
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