Luego de que la Corte Constitucional diera luz verde para avanzar en el trámite, el vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, explicó que ahora el proceso pasará de manera formal por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y de ahí a la Comisión de Fiscalización.
Ese grupo de asambleístas tendría que darle prioridad al análisis de ese caso por encima de otros asuntos y deberán emitir un informe en 30 días improrrogables, aclaró Pereira.
El legislador Pedro Velazco, miembro de la Comisión de Fiscalización, aseveró que el juicio político se decidirá en el pleno independientemente de que el documento recomiende o no enjuiciar al jefe del Ejecutivo.
La Comisión no tiene la facultad de archivar un juicio político contra un presidente de la República y el informe tiene que obligatoriamente llegar al pleno de la Asamblea, donde se decidirá el futuro del gobernante.
El también parlamentario Fernando Villavicencio, presidente del grupo legislativo que tendrá en sus manos el caso, se refirió en declaraciones a la prensa a la existencia de un vacío legal en caso de que el informe no tenga el respaldo de la mayoría de la Comisión.
No obstante, Bruno Segovia, otro de los integrantes de esa mesa legislativa, prefirió no adelantar criterios porque es perjudicial y aseguró que no hay razón para que el juicio político en contra de Lasso se estanque y no llegue al plenario.
La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde anoche a la solicitud para procesar a Lasso solamente por el delito de peculado (malversación).
El gobernante llegó a este punto luego del escándalo de corrupción en empresas públicas del sector energético en el cual estaría vinculado su cuñado, Danilo Carrera, y aparentemente el mandatario lo sabía, pero no hizo nada al respecto.
La salida anticipada de Lasso del poder tendría que contar con el respaldo de 92 asambleístas de un total de 137 y, en caso de concretarse, asumiría el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo que le resta al actual periodo de mandato.
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