El vocero del Cuerpo de Bomberos de Quito, capital ecuatoriana, Miguel Llimiquinga aseguró que la prioridad se mantiene en la búsqueda de los desaparecidos, mientras sea posible.
El trabajo todavía es largo -reiteró Llimiquinga- no es una labor a corto plazo, por la dimensión y complejidad del incidente.
Según el rescatista, unos dos millones de metros cúbicos de tierra cayeron sobre unas 163 viviendas que quedaron sepultadas a más de 20 metros de profundidad.
Mientras tanto, los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se enfocan en otros temas como la estabilización de la zona y la reconexión vial.
Las fuertes precipitaciones ocurridas esta semana en esa zona afectada por el deslave del pasado 26 de marzo, volvieron a poner en riesgo la estabilidad del terreno y la amenaza de otro posible deslizamiento.
El especialista en gestión de riesgos Cristopher Velasco aseguró que el deslizamiento en Alausí es la muestra más reciente de los problemas que enfrenta Ecuador por una inadecuada mitigación y gestión de riesgos.
Uno de los principales problemas es la ubicación de asentamientos humanos en zonas inadecuadas o no aptas para viviendas, detalló.
Pese a que los desastres antrópicos (producidos por actividades humanas) y naturales son una constante en el país -explicó-, las autoridades gubernamentales no han brindado estabilidad al sistema nacional de gestión de riesgos y la Secretaría del área ha sufrido constantes transformaciones, advirtió.
Habitantes de esa comunidad de la sierra ecuatoriana responsabilizaron al Gobierno de Guillermo Lasso por los daños que ocasionó allí un deslave que dejó 23 fallecidos y más de 70 desaparecidos hasta el momento.
Los pobladores alegaron que un estudio técnico realizado recientemente en esa localidad reveló que cuando llueve no existe un sistema adecuado de alcantarillado, por lo que las aguas residuales se infiltran en el suelo provocando un alto nivel de humedad.
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