Además de Piñera, la fiscal de alta complejidad Centro Norte, Ximena Chong, llamó a su ministro del Interior, Andrés Chadwick; al sucesor en el cargo, Gonzalo Blumel; y a dos subsecretarios de esa cartera, Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli.
Chadwick ya fue interrogado el viernes; Blumel deberá presentarse el 5 de abril; Galli y Ubilla el 6; en tanto Piñera aún no tiene fecha.
El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento impulsado por estudiantes contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con el modelo neoliberal.
Las revueltas fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Organismos de Derechos Humanos y el exsenador Alejandro Navarro presentaron unas 20 querellas por los delitos de lesa humanidad cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Consultado sobre el tema el abogado del exmandatario, Samuel Donoso, dijo que el actuar de Piñera “obedeció al correcto cumplimiento de sus funciones públicas”.
Según Donoso, el expresidente “siempre buscó compatibilizar el resguardo del orden público y seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos”.
Al referirse al tema, el diputado del Partido Comunista Luis Cuello consideró que nadie está por encima de la ley y los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos.
Mientras, el parlamentario socialista Marcos Ilabaca declaró que Piñera debe hacerse cargo de los graves delitos contra los derechos humanos cometidos bajo su administración y dijo esperar que esta investigación termine con sanciones penales contra el expresidente.
Un informe emitido hace tres años por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas incumplieron las normas y estándares internacionales.
El documento condenó el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes y heridas, tortura, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Sobre el número elevado de personas con heridas oculares o faciales, la ONU consideró que hay razones para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales.
El informe señaló que las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre, sin embargo, no se tomaron medidas eficaces y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios.
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