De esta manera el funcionario se refirió a una carta firmada por 27 reos detenidos en la prisión de Punta Peuco por secuestro, torturas, desaparición forzada o ejecuciones, entre otros crímenes perpetrados durante la dictadura militar (1973-1990).
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, afirmaron los reclusos.
Entre los firmantes hay sentenciados por el asesinato de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; la ejecución del dirigente sindical Tucapel Jiménez; o el atentado mortal contra el excomandante del ejército Carlos Prats y su esposa en Argentina.
Los represores alegan en su defensa que siguieron órdenes de altos mandos militares o los jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).
En base a ese argumento, solicitan que sus superiores asuman la responsabilidad y se exculpe a los suboficiales, soldados y agentes civiles de la DINA y la CNI y puedan quedar en libertad.
Según el ministro Cordero, “es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas y sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia que la pudieran entregar”.
Agregó que el gobierno reconoce esa carta como una declaración explícita de violación de derechos humanos, algo que los implicados negaban en el pasado.
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