Durante la sesión efectuada en la tarde de este lunes, el jefe de ese equipo, Fernando Villavicencio, aseguró que cumplirá con lo establecido en correspondencia con lo aprobado la semana pasada por la Corte Constitucional.
Señaló que únicamente tratarán el delito de peculado (malversación de fondos públicos) y las pruebas válidas serán las relacionadas con esa acusación, referida a irregularidades en la contratación de buques por parte de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Es decir, no tendrán cabida en los debates las denuncias por corrupción en la estatal Petroecuador, ni los supuestos vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa a través de su cuñado Danilo Carrera y su operador Rubén Cherres, asesinado el pasado viernes.
El asambleísta Roberto Cuero, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), advirtió que no se trata de un juicio penal, sino político y mencionó que en este proceso “se juega el futuro del país”.
“Este juicio político es singular y distinto a los 14 juicios que hemos llevado adelante”, sostuvo la legisladora Ana Belén Cordero, de la bancada oficialista, quien resaltó a este como el primer enjuiciamiento a un jefe del Ejecutivo en 90 años.
Por su parte, Viviana Veloz, de UNES y una de las impulsoras del pedido para enjuiciar a Lasso, afirmó que esa Comisión “no puede actuar con sesgos políticos” y pidió a sus integrantes no adelantar criterios y darle la verdad al país.
Finalmente, la mencionada mesa legislativa ordenó la notificación al presidente para que en un plazo de 10 días anuncie las pruebas y las solicitudes de comparecencias necesarias para su defensa.
Luego, según el cronograma, los legisladores tendrán un plazo de 10 días para evaluar esos argumentos y posteriormente otros 10 días para elaborar un informe que recomiende o no el juicio político, o sea, aproximadamente un mes en total.
El gobernante anoche en una entrevista transmitida por el canal Ecuavisa reiteró que irá personalmente a la Asamblea a defenderse ante lo que consideró un proceso sin pies ni cabeza, “porque las mentiras inventadas no se pueden sostener».
En casi una hora de conversación, Lasso no descartó del todo la opción de la llamada muerte cruzada al advertir que esa decisión de disolver el legislativo podría cambiar en dependencia del accionar de algunos asambleístas y de los “triunviros” de la conspiración.
Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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