El pedido había sido presentado por la Coordinadora Popular por la Revocatoria, un colectivo que desde el año pasado busca sacar de su cargo al mandatario mediante un proceso previsto en la Constitución.
A través de su cuenta en Twitter, la Coordinadora anunció que apelarán nuevamente a esta decisión del TCE.
Ese colectivo, liderado por la activista Kerly Carvajal, ya había apelado antes a esa instancia debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó en julio de 2022 la entrega de formularios para recoger las firmas necesarias para iniciar el proceso.
En aquel momento el CNE argumentó que no habían presentado las pruebas suficientes para demostrar el incumplimiento del Plan de Gobierno de Guillermo Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrero.
El juez Guillermo Ortega volvió a ratificar que el Artículo 200 del Código de la Democracia en la nación andina indica que, la solicitud de revocatoria sería rechazada si no cumple con lo previsto en la Ley que regula la participación ciudadana.
La revocatoria de mandato, también conocida como referéndum revocatorio o elecciones revocatorias es un procedimiento legal mediante el cual los votantes pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.
A la solicitud de revocatoria se sumaron los llamados de diversos partidos políticos y organizaciones sociales que exigen la salida del gobernante a las puertas de un juicio político en su contra por el delito de peculado (malversación de fondos públicos)
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