En un oficio enviado a Villavicencio, los asambleístas Viviana Veloz, Mireya Pazmiño y Pedro Zapata, tres de los solicitantes del juicio político, le piden notificar “sin condiciones ni dilaciones” al jefe del Ejecutivo.
La intención de alargar el enjuiciamiento contra Lasso es evidente, manifestó Veloz en su cuenta de Twitter y rechazó la arrogación de funciones y competencias de Villavicencio.
Zapata, por su parte, declaró que no entiende a qué está jugando el presidente de la Comisión.
En el documento, los solicitantes del juicio recriminan a Villavicencio por darles 72 horas para presentar las inferencias y pruebas relacionadas únicamente con las acusaciones sobre peculado, es decir, sin mencionar lo relacionado con el delito de cohecho, que la Corte Constitucional desechó.
Argumentan que la decisión no fue tomada por toda la Comisión, sino sólo por su presidente y aseguran que no existen normas que restrinjan o delimiten la documentación de sustento del juicio político.
Para el abogado Marlon Martínez, Villavicencio actúa de forma parcializada y busca boicotear el procedimiento, “pero la última palabra la tiene el pleno de la Asamblea y ellos determinarán” si el gobernante debe ser destituido o no.
El jurista, en entrevista ofrecida a la emisora Radio Pichincha, instó a la Asamblea a enfocarse únicamente en el caso de peculado admitido por la Corte Constitucional, con el fin de evitar problemas o la declaratoria de inconstitucionalidad.
La autorización para iniciar el enjuiciamiento a Lasso por el delito de peculado (malversación) lleva una semana en la Asamblea Nacional y aún el acusado no ha recibido la notificación formal.
La Comisión de Fiscalización tiene 10 días para hacerle saber al gobernante sobre el proceso, y también para recibir las pruebas y las solicitudes de comparecencias necesarias para su defensa.
Luego, según el cronograma, los legisladores tendrán otros 10 días para evaluar esos argumentos y posteriormente 10 días adicionales para elaborar un informe que recomiende o no el juicio político, o sea, aproximadamente un mes en total.
Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
Entretanto, existen rumores sobre la supuesta compra de votos por parte del Gobierno para salvar a Lasso, a lo cual algunas bancadas como Pachakutik y Unión por la Esperanza respondieron con la afirmación de que todos sus miembros apoyarán la salida del gobernante.
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