Reunidos esta tarde de manera virtual, los miembros del CAL abogaron por llamar la atención al presidente de la mesa parlamentaria, Fernando Villavicencio, quien deberá aplicar de manera directa y sin retrasos la normativa correspondiente al juicio político de un presidente de la República.
La resolución del CAL indica que los miembros de la Comisión se tendrán que abstener “de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios” y “de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso”.
El asambleísta Darwin Pereira, integrante del CAL, señaló que Villavicencio actúa de forma parcializada a favor de Lasso en los trámites del juicio político, lo cual quedó reflejado en la demora para notificar formalmente al mandatario sobre el inicio del procedimiento.
Finalmente, luego de varias denuncias, Villavicencio envió en la tarde del jueves el aviso al jefe del Ejecutivo, acusado del delito de peculado.
A partir de ese momento comenzó a contar el plazo para que el gobernante presente su contestación a las acusaciones.
En ese período, los proponentes del juicio también pueden mostrar las pruebas que consideren para sustentar la denuncia, basada en presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Lasso nombró como su representante al abogado Edgar Neira, quien podrá solicitar e impugnar pruebas, interrogar testigos, participar en audiencias y ejercer su defensa con las más amplias facultades.
Los asambleístas de la Comisión tendrán ahora que determinar un cronograma de trabajo y, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, deberán tener listo un informe en un máximo de 30 días.
Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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