Universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles, de indígenas y de derechos humanos se pronunciaron contra la medida anunciada por el presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de artefactos letales para civiles como forma de enfrentar la ola de violencia.
Si bien el Ministerio de Defensa aclaró que trabaja en un documento con las nuevas directrices para el uso de armas, el tema causa polémica en el país.
Expertos e instituciones académicas coinciden en que la normativa no resolverá la crisis de inseguridad y por el contrario aumentarán los crímenes.
Los sucesos violentos en esta nación andina han llegado al punto que esta semana la Policía Nacional, con ayuda del robot Packbot510 y del can Siko, desactivó 20 tacos de explosivos adheridos a un tanque de gas en un auto abandonado en una gasolinera de Quitumbe, sector del sur de Quito.
En la costera ciudad de Guayaquil llegó a detonar el jueves un carro bomba detrás de una gasolinera, sin contar los homicidios en ese territorio y las extorsiones a comerciantes.
Entretanto, en la Asamblea Nacional (parlamento) continuaron los trámites para el juicio político contra el presidente Lasso en medio de críticas al jefe de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por dilatar el procedimiento.
Si bien desde el lunes comenzó el proceso en esa mesa legislativa, fue el jueves – y con muchas presiones- que Villavicencio decidió notificar formalmente al jefe del Ejecutivo sobre el enjuiciamiento político.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea emitió la víspera una resolución que exige a la Comisión evitar retrasos y respetar la normativa vigente para estos casos.
El asambleísta Darwin Pereira, integrante del CAL, señaló que Villavicencio actúa de forma parcializada a favor de Lasso, acusado de peculado por presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Los asambleístas de la Comisión, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, deberán tener un informe listo sobre el tema en máximo 30 días.
Independientemente de la decisión de la Comisión, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
En medio de ese escenario, funcionarios de alto rango decidieron renunciar a sus cargos en el Gobierno, como el secretario de Comunicación Andrés Seminario, quien fue sustituido esta semana por la politóloga Wendy Reyes.
Al panorama se añaden las afectaciones por la temporada de lluvias, que provocaron más inundaciones y deslaves en regiones de la costa y la sierra, mientras el Gobierno anunció este viernes destinar 200 millones de dólares a los afectados, quienes esperan que esa promesa no quede en palabras.
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