La resolución tuvo lugar en esta capital, a seis días de que culmine el plazo que abrió esa mesa legislativa para recibir las pruebas de cargo y de descargo, tras la notificación a Lasso y a los proponentes del juicio el pasado jueves 6 de abril.
Los asambleístas concordaron en que las pruebas deben centrarse en el dictamen con el que la Corte Constitucional avaló el proceso judicial contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana con Amazonas Tanker para el arrendamiento de buques, que se firmó en el gobierno de Lenín Moreno.
Asimismo, decidieron desechar otros cargos por supuesta concusión que también le imputaban al mandatario ecuatoriano.
Entretanto, la Comisión dejó sin respuesta el escrito que el presidente Lasso remitió a través de su abogado, Edgar Neira, antes de que iniciara la sesión.
En el documento, Lasso y su abogado pedían certificar si los proponentes singularizaron las pruebas conforme al dictamen de la Corte para el juicio político, y que se amplíen los pedidos de información hasta 2018, cuando se firmó el contrato cuestionado de Flopec.
En este sentido, la asambleísta Mireya Pazmiño dijo que no tenían por qué singularizar las pruebas, y que debían presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios que existen para enfocar hacia lo que es el peculado, lo cual demostrarán en la sustanciación del juicio político, advirtió Pazmiño.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, la Comisión deberá tener un informe listo sobre el tema en máximo 30 días, divididos en varias fases.
Por el momento, el cronograma otorga plazo hasta el próximo 16 de abril para que Lasso y su defensa presenten las pruebas de descargo.
Independientemente de la decisión de ese grupo parlamentario, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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