Un documento de organizaciones de la sociedad civil presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sostiene que las muertes dentro de las cárceles desde que inició el régimen de excepción son presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Aunque difieren en la cantidad de asesinatos cinco organizaciones suscribieron el informe, entre ellas Cristosal que sitúa la cifra en 118 y el Servicio Social Pasionista (Sspas) que cifra el número de fallecidos en 102.
La investigación precisó que la mayoría de las víctimas son personas entre los 18 a los 50 años. Con respecto al sexo, 98 fallecidos eran hombres, dos eran mujeres y para otras dos personas no estuvo disponible la información, detalló el documento.
La penitenciaría con la mayor cantidad de decesos es la de Izalco con 52, seguida de Mariona con 19, entre las que mantienen el récord de más fallecidos.
Sobre las muertes publicadas en los medios de comunicación y redes sociales, el gobierno solo reconoció 90, sin aclarar las causas, indicó el examen.
De acuerdo con información obtenida en entrevistas realizadas por Cristosal a personas que salieron de prisión con medidas sustitutivas a la detención provisional, el número de occisos
bajo custodia estatal podría ser mucho mayor.
Solo en el Centro Penal La Esperanza (Mariona) “habrían muerto 200 personas, y que al interior de este y otros centros habrían fosas clandestinas», sostuvieron los entrevistados.
Hace pocas semanas el gobierno salvadoreño dijo que la Fiscalía General de la República iniciaría investigaciones sobre estas presuntas muertes, pero hasta la fecha no trascendieron informaciones que desmientan lo que para algunos salvadoreños es una realidad.
Incluso las máximas autoridades del país advirtieron que cualquier funcionario involucrado en estas prácticas contra salvadoreños bajo arresto e investigación tendría que responder por sus actos ante la justicia.
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