Pese a afirmaciones del presidente Nayib Bukele, quien destacó este lunes que la seguridad ciudadana continúa mejorando gracias a las medidas adoptadas por su Ejecutivo para combatir a las pandillas que antes controlaban parte importante del territorio, decisiones como la suspensión de garantías constitucionales son objeto de severas críticas.
‘Y las cifras lo confirman: la seguridad en nuestro país continúa mejorando con el paso del tiempo’, escribió el gobernante en su cuenta en la red social Twitter al comentar que en siete de los nueve primeros días de este mes no ocurrieron homicidios.
Sin embargo, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) Benjamín Cuéllar sostuvo la víspera, durante una entrevista radial, que el país retrocedió en cuanto a derechos fundamentales luego de las constantes muertes en centros penitenciarios y las detenciones arbitrarias.
Cuéllar criticó la duración de la medida y señaló que si esta se prolongó por más de un año, eso es indicativo de su fracaso.
Una normativa, como su palabra lo dice, es excepcional, cuando ya pasa de un mes, dos meses, tres meses, si no resolvió el problema o si lo resolvió “se convierte en un régimen de decepción», apuntó.
Vigente en el país, luego de su instauración el 27 de marzo de 2022, la medida se mantiene en medio de denuncias pese a la aprobación de amplios sectores de la población.
Indicó el defensor humanitario que si el problema de las pandillas no fue resuelto por parte de las autoridades es porque el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, a pesar de las medidas extraordinarias aprobadas para combatir a estas estructuras.
Puntualizó que el Gobierno va a jugar con el tema de las pandillas “al menos hasta que pasen las elecciones de 2024 y si resuelven el problema, ¿por qué seguir con el régimen?», cuestionó el defensor de derechos humanos.
«Yo sí creo que cuando un régimen de excepción se prolonga es porque ha fallado, y por lo tanto es un régimen de decepción. O si se prolonga habiendo tenido éxito también es un régimen de decepción porque no tiene sentido que siga vigente», valoró.
Las declaraciones de Cuéllar coincidieron con un informe sobre muertes al interior de cárceles de El Salvador atestadas de reos del régimen de excepción, los cuales, según organizaciones, son víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en esos lugares.
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