En declaraciones divulgadas por el sitio digital informativo Trend Online, el también líder del gubernamental partido La Liga, de ultraderecha, consideró un éxito de esa fuerza política la aprobación hace pocas horas, por el Consejo de ministros, de un proyecto de ley que establece elevadas multas por tales actos.
De acuerdo con un comunicado oficial, la nueva legislación “introduce disposiciones sancionadoras sobre la destrucción, dispersión, deterioro, desfiguración, ensuciamiento y uso ilícito de bienes culturales o paisajísticos”, dirigidas particularmente contra los denominados “ecovándalos”.
En los últimos meses, manifestantes de diversas agrupaciones ecologistas protagonizaron diversos actos para llamar atención en relación con el deterioro del medio ambiente, demandando medidas para su protección, con hechos como el lanzamiento de pintura y otros daños a monumentos, importantes edificios y cuadros en galerías de arte.
Entre los lugares afectados se encuentran la Fuente de la Barcaza, ubicada frente a la escalinata de la Plaza de España, en Roma, así como el Palacio Madama, sede del Senado italiano, el edificio de La Scala de Milán y el Palazzo Vecchio, de Florencia.
Una nota publicada por la Presidencia del Consejo de ministros, refiere que en la tarde del martes último ese órgano aprobó un decreto que establece “una multa administrativa de entre 20 mil y 60 mil euros para quien destruya, disperse, deteriore o inutilice, total o parcialmente, bienes culturales o paisajísticos propios o ajenos”.
Ese proyecto de ley también incluye sancionar con el pago de entre 10 mil y 40 mil euros “a quien desfigure, manche o destine bienes culturales a un uso perjudicial o incompatible con su carácter histórico o artístico”.
El ministro de Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, principal promotor de esa iniciativa, indicó en declaraciones divulgadas este miércoles por la publicación especializada Artemagazine, que “quien realiza estos actos debe asumir también la responsabilidad económica”.
“Los ataques a monumentos y sitios artísticos causan daños económicos a la comunidad, pues su limpieza requiere la intervención de personal altamente especializado y el uso de maquinaria muy costosa”, añadió Sangiuliano.
María Letizia Ruello, activista de la organización ambientalista Última Generación, expresó al diario La Stampa que pese a esas nuevas disposiciones «no vamos a parar», y consideró que «la voluntad represiva es el primer síntoma de la efectividad de esta estrategia del movimiento climático, con acciones de resistencia no violenta”.
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