Se trata de un financiamiento adicional para “proyectos enfocados en protección social”, sostuvo la institución, aunque algunos expertos apuntan que ese tipo de desembolsos hasta ahora no se ha visto reflejado en una mejoría para los ciudadanos.
El préstamo fue suscrito por el titular de esa cartera Pablo Arosemena, quien se encuentra en Estados Unidos, y por el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.
Anteriormente, Arosemena explicó que gran parte del Presupuesto General del Estado para 2023 vendría de préstamos con organismos multilaterales.
Desde 2019, la deuda de Ecuador comenzó a concentrarse en instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que actualmente es uno de los principales acreedores del país.
Ecuador le debe al FMI ocho mil 220 millones de dólares y el 83 por ciento de esa cuantía el Estado deberá pagarla de 2025 a 2030.
En diciembre pasado, Quito recibió el desembolso final de unos 700 millones de dólares como resultado del acuerdo suscrito en 2020 por el entonces mandatario Lenín Moreno y renegociado en 2021 por el actual gobernante, Guillermo Lasso.
A pesar de esa deuda, Arosemena también busca en su visita a Washington un nuevo préstamo con el FMI, según el Gobierno para afrontar situaciones causadas por los desastres naturales, como sismos, lluvias y deslaves.
Sin embargo, economistas consideran inapropiados ese tipo de créditos cuyas condiciones casi siempre incluyen ajustes y medidas neoliberales perjudiciales para la población de menos recursos.
Los recortes, por lo general, recaen sobre los presupuestos de sectores sociales como educación, salud o seguridad.
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