Faltan cuatro días para que culmine el plazo destinado a la presentación de los fundamentos de cargo y descargo, y hasta ahora solo la acusación llevó documentos y peticiones de comparecencia de una docena de testigos para demostrar el presunto delito de peculado (malversación) del mandatario.
En tanto, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, afirmó que recibió una carta suscrita por Jorge Regalado, gerente comercial encargado de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) donde desconoce la existencia de un contrato firmado en julio de 2022 entre su empresa y Amazonas Tanker.
El jefe de la mesa legislativa -criticado por actuar como defensor de Lasso- señaló que de esa forma se cae el principal argumento por el cual pretenden destituir al mandatario.
La asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político, declaró que “Lasso miente a través de sus voceros”.
La parlamentaria del movimiento Revolución Ciudadana aseveró que sí se suscribió un contrato con los mismos socios y accionistas de Amazonas Tanker bajo el nombre de Agoyán Tanker, para evitar las responsabilidades políticas de acciones que perjudican al Estado.
Este miércoles, Veloz y su colega Mireya Pazmiño, en nombre de los solicitantes del juicio político, llevaron a la mesa de Fiscalización 11 pruebas documentales contra el jefe del Ejecutivo.
Entre los archivos entregados está un examen de la Contraloría General del Estado que advierte al presidente Lasso sobre las supuestas irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker.
Para Villavicencio, es imprescindible «singularizar» las pruebas, es decir, que se enmarquen únicamente en lo relacionado con el peculado, de lo contrario el trámite quedaría en el «limbo».
Con ese argumento, otros legisladores, como Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, han mencionado la posibilidad de que la Corte Constitucional (CC) anule el procedimiento que pudiera adelantar el fin del mandato de Lasso.
Sin embargo, el abogado Ismael Quintana aclaró que la CC no tiene competencias para revisar el procedimiento del juicio político, ni menos para declarar nulidades.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa, la Comisión deberá tener un informe listo sobre el tema en máximo 30 días, divididos en varias fases.
Independientemente de la decisión de ese grupo parlamentario, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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