Con un voto de 67 a favor, seis en contra y siete abstenciones, (cuatro ausentes) el Parlamento aprobó la extensión por 30 días más del Decreto Legislativo No.333 de 2023 que arropa el Plan de Control Territorial, una iniciativa del gobierno en 2019, y que estuvo a punto de fracasar hasta que fue acompañada por la suspensión de varias garantías constitucionales.
Defendida por muchos, la iniciativa es considerada la herramienta esencial para que el número de detenidos llegue ahora a más de 67 mil personas pero, a la vez, es criticada por otros que la consideran responsable de violaciones de derechos humanos y el arresto de personas inocentes.
Algunas fuentes señalan que del total de personas tras las rejas, un 40 por ciento son inocentes, no están tatuados ni vinculados a las llamadas maras o pandillas.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que “se están armando todos los procedimientos correspondientes para que aquella persona que ha sido capturada de forma injusta salga de inmediato”.
El titular rechazó las críticas en contra del decreto, el cual no parece tener una fecha límite, aunque algunas fuentes aseguran que se extenderá hasta después de las elecciones de febrero de 2024, pese a que ello afecte la actividad de los partidos que buscarán destronar al presidente Nayib Bukele.
Castro aseguró que “probablemente en el campo territorial hay errores que los cuerpos de seguridad cometen y de repente pueden llevarse a una persona que no debería estar detenida”, afirmación cuestionada por grupos defensores de los derechos humanos.
En esa línea, fuentes consultadas sostienen que hay malos procedimientos en algunos casos y que son llevados inocentes para completar cuotas, algo denunciado por medios de prensa locales en investigaciones sobre la aplicación de esta política.
El voto estuvo precedido por un debate entre partidarios y críticos de la medida, y no faltaron acusaciones provenientes de ambos lados del pasillo en las que se acusaban de mentir en sus argumentos.
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