En un comunicado, esa organización reiteró que los pueblos indígenas se mantienen atentos al proceso judicial contra el mandatario andino y sobre todo a las actuaciones del Movimiento Pachakutik en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Al respecto, la Conaie exigió a esa bancada, que representa a los pueblos indígenas ante el Parlamento, mantenerse firme con las decisiones colectivas por la salida inmediata de Lasso, sin cálculos políticos, ni chantajes, ni corrupción y mucho menos por la compra de votos o reparto de instituciones públicas.
Nuestra estructura organizativa no tolerará ninguna traición a las decisiones tomadas en el ejercicio de la democracia comunitaria, advirtió la organización indígena ecuatoriana.
En el texto, la Conaie reiteró que la salida de Lasso responde a la profunda crisis política, económica y social que el gobernante ha ocasionado en Ecuador.
El pasado 4 de abril, el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, denunció una supuesta compra de asambleístas para evitar la destitución del presidente Lasso, acusado de cometer un supuesto delito de peculado.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá este viernes para conocer la solicitud de nuevas pruebas relacionadas con el juicio político contra el presidente Lasso.
Esta semana la acusación llevó a la Comisión documentos y peticiones para que 12 personas acudan a la mesa legislativa para demostrar que el mandatario estaba al tanto de irregularidades en contratos entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker.
El presidente Lasso y su defensa tienen hasta el 16 de abril para presentar sus pruebas de descargo como parte de este procedimiento que pudiera conllevar a la destitución del jefe del Ejecutivo.
Los plazos establecidos en la Ley de la Función Legislativa otorgan a la Comisión un total de 30 días para elaborar un informe sobre el pedido para enjuiciar al gobernante.
Independientemente de la decisión de ese grupo parlamentario, para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
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