A través de un documento enviado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento), Lasso solicitó pruebas testimoniales de Jaime Condoy Blacio, exgerente de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), para que informe sobre el contrato de fletamento del 7 de diciembre de 2018.
De igual forma, pidió las declaraciones de la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda.
Lasso también exigió que se agreguen como pruebas las sesiones de la Comisión de Fiscalización, del 10 y 14 de abril de 2023.
Finalmente, el Ejecutivo requirió otras pruebas documentales, como los informes de fin de gestión de los últimos seis gerentes generales de la flota estatal.
El pasado 14 de abril, Edgar Neira, abogado del presidente ecuatoriano, envió una carta a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (parlamento) donde solicitaba la práctica de las pruebas de descargo entre las que se encuentran unos 30 documentos de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), la Asamblea Nacional, la Procuraduría, la Contraloría, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y la Fiscalía.
Asimismo, incluyen 23 comparecencias, de la fiscal Diana Salazar, el Contralor, Carlos Riofrío, y los nueve integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
Este domingo vencía el plazo de Lasso y su defensa para presentar sus pruebas de descargo como parte de ese procedimiento judicial.
La próxima semana el proceso judicial entrará en una nueva fase con la comparecencia de testigos. Entre los citados están Luis Verdesoto, exsecretario Nacional de Política Pública Anticorrupción; Carlos Riofrío, Contralor General del Estado en funciones; Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador; Andersson Boscán, periodista del medio digital La Posta, entre otros.
Entre tanto, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador informó hoy que el mandatario del país andino fue hospitalizado por una infección urinaria.
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